Aline Espinosa Gutierrez, 29 septiembre del 2021, Cimacnoticias.- A dos años de la despenalización del aborto en Oaxaca, las oaxaqueñas aún atraviesan dificultades para interrumpir de manera segura su embarazo hasta las 12 semanas de gestación, como que el personal médico se niegue a dar el servicio, estigmatización social, falta de hospitales que realicen esta práctica en su zona, y poca información en lenguas indígenas, lo que las orilla a buscar ayuda con las organizaciones civiles para abortar en sus casas o en otros estados sin sentirse solas o con miedo.
Es necesario recordar que el 25 de septiembre de 2019, el congreso de Oaxaca modificó los artículos 312, 313, 314, 315, y 316 del Código Penal estatal a fin de de permitir que las mujeres pudieran interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación por voluntad propia, lo que convirtió a esta entidad en el segundo estado en reconocer el derecho de las mexicanas a decidir sobre sus cuerpos. Antes de este cambio, había alrededor de 20 oaxaqueñas presas por abortar, según organizaciones feministas.
Defensoras de Derechos Humanos y especialistas en el tema consultadas por esta agencia coincidieron que estas modificaciones tuvieron como único avance evitar que las mujeres no fueran más encarceladas por abortar en las primeras 12 semanas de gestación, ya que todavía no existen garantías para que el aborto sea real, gratuito, y seguro para todas las oaxaqueñas; y quienes se encuentran fuera de este plazo se enfrentan a una sanción de tres a seis meses de prisión.
El Código Penal de esta entidad estipula que el aborto no es punible cuando es resultado de una violación, corra peligro la vida de la mujer, por causas eugenésicas, y en las primeras 12 semanas de gestación por voluntad propia de la mujer. Las y los médicos que realicen un aborto fuera de estas causales o lapso serán sancionados hasta con 10 años de prisión.
Desde octubre de 2019 hasta el 30 de junio de 2020, se realizaron 8 abortos legales en la entidad según los Servicios de Salud en Oaxaca, asimismo, otras 49 oaxaqueñas abortaron hasta julio de 2021, de acuerdo con la Dirección de Prevención y Promoción de Salud de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).
Sin embargo, nueve oaxaqueñas viajaron a la Ciudad de México para interrumpir su embarazo en 2020, y de 2015 a junio de 2020, alrededor de 176 oaxaqueñas abortaron de forma segura en hospitales de la CDMX, según datos del gobierno capitalino. Para las defensoras esta incidencia aún cuando el aborto está legalizado en esta entidad, constata la fuerte estigmatización hacia esta práctica y que el derecho a decidir es obstaculizado.
En opinión de la defensora de “Las Consejeras” (organización que protege los derechos sexuales y reproductivos), Jamil Márquez López, luego de la despenalización del aborto, las autoridades de esta entidad se olvidaron de cumplir con la red de aborto para que todas las ciudadanas pudieran acceder a este servicio sin importar donde residieran, capacitar de manera eficaz al personal médico, fortalecer el papel de las parteras, e impulsar el derecho de las ciudadanas a decidir sobre su cuerpo.
Este panorama, dijo en entrevista con Cimacnoticias, imposibilita que las mujeres accedan a un aborto por voluntad propia porque se enfrentan a un personal médico que desconoce la normativa, no sabe cómo actuar y que las señala. Situación que es peor para las indígenas o quienes viven en las periferias, pues deben trasladarse hasta el centro de Oaxaca, no se les brinda la información en su lengua y muy pocas cuentan con redes de acompañamiento.
Pese a dos años, agregó, sólo existen tres unidades médicas en Oaxaca donde las mujeres “en teoría” pueden interrumpir sus embarazos, el Hospital Civil “Doctor Aurelio Valdivieso”, la Clínica de las Mujeres, y el Centro de Salud Urbano de la Colonia Volcanes. Todas ellas se localizan en el centro de Oaxaca cuando esta entidad tiene otras seis regiones y 570 municipios que albergan a casi 11 mil comunidades.
Esta deficiente distribución, dijo la defensora de Católicas por el Derechos a Decidir, Mayra Miranda Torres, exige a las oaxaqueñas viajar entre 7 u 8 horas para llegar al centro de este estado, lo que no es posible para la mayoría porque no tienen dinero ni redes de apoyo. En suma, la información publicada por la Secretaría de Salud local acerca del aborto no llega hasta ellas.
“Falta una línea telefónica donde las mujeres puedan llamar y sepan cómo deben acudir para tener este servicio, que la atención se dé en las casas de salud de primer nivel, dar mayor peso a la partería, fortalecer la presencia de un traductor en los hospitales. Las oaxaqueñas deben poder abortar en su propia entidad dentro de las causales permitidas, más si su marco legal lo aprueba”, agregó en entrevista con Cimacnoticias.
La llegada de la pandemia, añadió la defensora Marquez López, agravó más estos obstáculos al haber menos personal médico capacitado, desabasto de recursos médicos, negación del servicio bajo el argumento del riesgo de contagio.
Al respecto, los SSO informó que durante la pandemia el servicio de interrupción del embarazo no ha sido interrumpido, emprendieron medidas para salvaguardar la vida de las mujeres, capacitaron a mil 406 personas parteras y contabilizaron 21 casos de mortalidad materna hasta la semana 30 epidemiológica, de los cuales ocho fueron por la Covid-19.
El gobierno de esta entidad, consideraron las defensoras, tiene que trabajar en capacitar, supervisar y asegurarse de que el personal médico esté capacitado; desarrollar campañas que informen sobre la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en lenguas indígenas; brindar información científica y actualizada acerca de este tema; cumplir con la red de aborto seguro, y fomentar una cultura que reconozca el derechos a decidir sobre el cuerpo.
Más anhelos a futuro
Tras la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el personal médico ya no podrá negarse a practicar ciertos procedimientos por razones ideológicas o religiosas, pues consideró que la objeción de conciencia es un riesgo para otros Derechos Humanos, en específico el de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Ante esta decisión, las defensoras esperan que la objeción de conciencia deje de ser utilizada por el personal de salud para negarse a atender a las mujeres que requieren un aborto, principalmente a las víctimas de violencia sexual, quienes mayormente padecen este obstáculo.
Hasta el momento hay dos personas amparadas como objetoras de conciencia, de acuerdo con información con los SSO, pero en todos los hospitales hay objetores. Circunstancia que la abogada del Grupo de estudios de la mujeres Rosarios Castellanos (GesMujer), María Antonia Cruz Montero consideró que es grave cuando los delitos sexuales han aumentado en la entidad.
Aún con la pandemia y a pesar de tener una Alerta de Género desde 2018, las violaciones a mujeres representan la cifra más alta de delitos sexuales en Oaxaca. De enero a agosto de 2021, se cometieron 637 casos de este tipo, de los cuales 488 fueron violaciones, 132 hechos de acoso u hostigamiento sexual y 17 de abuso sexual, según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional.
Cruz Montero dijo que anhelan que esta dificultad desaparezca, luego de que la reciente reforma a la “Ley Estatal de Salud” sea publicada en el Diario Oficial y el personal tenga como obligación garantizar el acceso de las mujeres a un aborto sin discriminación en un plazo que no mayor a tres días naturales e informar a las víctimas de violencia sexual sobre su derecho a denunciar y la existencia de los mecanismos para dar seguimiento a su salud y a la reparación del daño.
Cabe recordar que la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena); Magaly López Domínguez presentó esta reforma y modificó los artículos 29, 59, 62, 65 Bis, 65 Ter, 65 Quáter, y 65 Quinquies de la “Ley Estatal de Salud” a fin de asegurar que las parteras sean capacitadas, exista una educación sexual, los servicios de salud sexual y reproductivos sean considerados de carácter prioritario, la Secretaría de Salud mantenga un registro estatal sobre abortos, entre otras acciones.
“Las y los médicos han expresado que no van a acatar estas modificaciones. Estamos conscientes de que es su derecho objetar, sin embargo, deben asegurar este servicio a quienes lo necesitan”, resaltó la defensora de “Marea Verde Oaxaca” en entrevista con Cimacnoticias, quien prefirió no dar su nombre por seguridad.
Las defensoras concordaron que el gobierno oaxaqueño tiene que destinar un presupuesto suficiente para que las modificaciones a la “Ley Estatal de Salud” sean una realidad en la vida de las mujeres y homologar su normativa con la decisión de la SCJN. De no ser así “todo va a quedar en papel, en pura letra y van a decir: “no hay dinero”, agregó la defensora de CDD, Mayra Miranda Torres.
El riesgo de acompañar
Para las defensoras la ausencia de compromiso del estado oaxaqueño ha llevado a la creación de más organizaciones feministas que buscan ayudar a las mujeres que desean abortar, pero esta labor pone en riesgo su vida, debido a la fuerte presencia de los grupos antiderechos, los cuales las amenazan, comparten sus datos personales y las agreden.
La defensora de “Marea Verde Oaxaca” señaló que la estigmatización del aborto aumentó en la entidad una vez que la despenalización del aborto fue aprobada, así como las agresiones de los grupos antiderechos, por ello han tenido que redoblar sus protocolos de seguridad para dar acompañamiento, ya sea de manera presencial o a distancia.
A dos años, dijo, las oaxaqueñas prefieren interrumpir sus embarazos en casa, solas, y con pastillas antes que acudir a un hospital, lo que incrementó con la pandemia. Por esta razón se vieron en la necesidad de unirse con otras colectivas, entre otras actividades que han tenido que realizar para que las mujeres, en específico las de las periferias, pudieran consumir el misoprostol (medicamento para interrumpir el embarazo).
“Oaxaca es una entidad muy difícil. Sus municipios son inaccesibles en cuanto a servicios de salud básicos. Las mujeres de las zonas rurales se enfrentan a mucha estigmatización para poder abortar, muchas de ellas están solas y lo hacen a escondidas de sus parejas y familias, nosotras las acompañamos desde la distancia y les enviamos el medicamento”, detalló.
Por su parte, la defensora Márquez López resaltó que 27 mujeres acudieron a “Las Consejeras” de abril a junio de 2020 por información para interrumpir sus embarazos, algunas otras pidieron ser canalizadas con asociaciones que proporcionaran esta práctica, y al día reciben cuatro solicitudes por el mismo motivo, a las cuales tratan de ayudar, pero no siempre cuentan con el personal suficiente.
En los últimos 10 años, un promedio de 24 oaxaqueñas han acudido anualmente a la CDMX a abortar, según datos de la investigación periodística “Castigar la Libertad” mientras que la razón de mortalidad maternidad en esta entidad es de 72.5 por cada 100 mil nacimientos estimados hasta la semana 37 epidemiológica, es decir un aumento de 12.5 por ciento respecto a la misma semana del año anterior y la posiciona dentro de los estados con mayores defunciones, de acuerdo con datos de la Secretaria de Salud de México.
Asimismo, la defensora de CDD, Mayra Miranda Torres enfatizó que “si las organizaciones no estuvieran presentes en el estado sería más probable que las mujeres pusieran en riesgo su vida por abortar en condiciones inseguras, pero en este tiempo han cumplido con las obligaciones del Estado”.
Las defensoras concluyeron que los avances son casi nulos, y el camino para que las ciudadanas ejerzan su derecho a decidir sobre su cuerpo y a una maternidad elegida es largo, nos obstante, van trabajar aún más a favor de que los prejuicios hacia el aborto sean eliminados, las muertes maternas disminuyan, las víctimas de violencia sexual tengan justicia, y las indígenas no tengan que salir de sus comunidades para acceder a servicios básicos de salud.
Fuente: https://cimacnoticias.com.mx/2021/09/29/a-2-anos-de-despenalizacion-de-aborto-en-oaxaca-mujeres-aun-enfrentan-dificultades
