Debido a los altos indices de violencia feminicida, la Secretaría de Gobernación emitió la resolución el 30 de agosto de 2018 en 40 municipios de Oaxaca, la declaratoria de alerta por violencia de género. El mecanismo de la alerta por violencia de género son un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida.
La Alerta por violencia de género, ha permitido visibiizar la gravedad del problema, pero aun falta reconocer que nos enfrentamos a una violencia feminicida, la cual se intenta ocultar bajo el argumento de asesinatos dolosos, sin que medie, por principio una investigación desde una perspectiva de género.
Este mecanismo busca generar una reacción-acción-inmediata, articulada en los tres niveles de gobierno y los tres poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, a fin de implementar un plan de intervención y fomentar una política de gobierno. Sin embargo a punto de cumplirse un año de la alerta, de acuerdo a los registros del GEMujer Rosario Castellanos, 125 niñas y mujeres han sido asesinadas de manera violenta.
- 35% de los asesinatos violentos de mujeres y niñas, sucedieron en municipios que no cuentan con la Alerta por violencia de género
- 60% de la violencia feminicida se concentra en tres de las ocho regiones
Como organización de la sociedad civil, consideramos importante recalcar que aunque se declararon 40 municipios en todo el estado con alerta por violencia de género, como un mecanismo de acción-reacción-inmedita, ésta es una estrategia complementaria y por lo tanto es urgente seguir implementando y fortaleciendo el plan estatal de prevención, atención sancion y erradicación de la violencia de género y contra las mujeres, porque de acuerdo a nuestros registros, el 65% de las niñas y mujeres asesinadas de manera violenta ocurrieron en municipios con alerta de género, pero hay un 35% que sucedieron en otros municipios.
Además, si se realiza un análisis por región, se ha podido identificar, por ejemplo, que de los 20 casos ocurridos en Valles Centrales, 9 de ellos sucedieron en municipios con alerta de género y 11 en municipios sin alerta, por citar algunos municipios se encuentran Villa de Etla, Santa María Atzompa y Ejutla de Crespo. En la región Mixteca, de los 18 casos registrados, 9 ocurrieron en municipios con alerta y los otros 9 en municipios sin alerta, donde causa especial preocupación el municipio de Santiago Juxtlahuaca con 5 casos.
Desde la Declaratoria de Alerta de género, el Istmo es la región con el más alto porcentaje de violencia feminicida, con un 26%, seguida de la Costa con un 18% y el Papaloapam con un 16%, lo que significa que en tres de las ocho regiones del estado se concentró el 60% de todos los asesinatos violentos de niñas y mujeres.
Ante esta situación hacemos un llamado a las autoridades a realizar un análisis del contexto donde sucede la violencia feminicida, a fin de identificar indicios que pueden predecir el nivel de riesgo de sufrir una muerte violenta, así como realizar una evaluación exhaustiva de las instituciones que se encuentran operando en las zonas, conocer su problemática y sus necesidades para lograr una intervención con calidad, pues urge una actuación profesional, oportuna y estratégica.
Cabe mencionar también que, paralelamente a atender las necesidades del personal que opera en las instituciones, es conveniente dar un seguimiento puntual a su actuación, reconocer los esfuerzos y sancionar a quienes por acciones u omisiones no cumplan con sus responsabilidades, porque de ello depende la integridad y la vida de mujeres y niñas.
- 52% de las víctimas de asesinatos violentos tenían entre 15 y 44 años
- 59% de las niñas y las mujeres fueron asesinadas por armas de fuego
En la etapa productiva y reproductiva, se dieron los mayores niveles de violencia feminicida, lo que significa que se truncaron oportunidades para el desarrollo de nuestro estado. A estas mujeres y jóvenes se les violentaron sus derechos a la libertad, la seguridad, la integridad y el principal de todos los derechos, el derecho a la vida.
Esta violencia feminicida genera también víctimas indirectas, hasta ahora invisibilizadas, pues se carece de información puntal de la cantidad de niñas, niños y adolescentes a quienes se les ha arrebatado su derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral.
Aun y cuando la ley establece que las autoridades, de todos los órdenes de gobierno, deben llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier conducta que atente contra la supervivencia de niñas niños y adolescentes, así como para investigar y sancionar efectivamente los actos de privación de la vida, un 4% de los asesinatos violentos lo sufrieron niñas menores de 15 años, hechos que continúan en la impunidad.
Contabilizando las 125 mujeres y niñas asesinadas de manera violenta, desde la alerta por violencia de género, el 59%, fueron con armas de fuego, lo que significa que son las mujeres quienes están pagando con su vida los costos de una omisión grave en cuanto al control y uso de armas de fuego en Oaxaca, elemento que debe también ser considerado dentro de las políticas de atención a la violencia hacia las mujeres.
10% de las víctimas de feminicidio eran amas de casa
Dado la limitada información con la que contamos para realizar un análisis de la situación de cada mujer y niña asesinadas de manera violenta, de acuerdo a nuestros registros en el 64% se desconoce la ocupación de las víctimas, pero el resto y eso es lo más preocupante, se representaron áreas de ocupación diversas, donde el 10% se dedicaban a labores del hogar, el 6% eran comerciantes, 4% estudiantes, le siguen con un 2% agriculturas, empresarias, meseras, profesoras, servidoras públicas y con 1% empleada, enfermera, policía, religiosa, estilista, ganadera, trabajadora de la construcción, es decir, niñas y mujeres con ocupaciones y trabajos que aportaban a la sociedad.
Los retos
La forma extrema de violencia de género contra las mujeres es la violencia feminicida, por ello, si bien es urgente avanzar en el reconocimiento de la problemática, investigando cada caso desde una perspectiva de género, paralelamente se deben reforzar las acciones para la prevención de la violación a los derechos humanos de las mujeres y las niñas tanto en el ámbito privado como público.
La alerta por violencia de género es un mecanismo perfectible, se requiere un análisis puntual para determinar aquellas áreas que requieren atención. Evaluar no solo en términos de cuántas capacitaciones se brindan, sino de valorar si esos esfuerzos se reflejan en la labor de los y las servidoras públicas, en las formas de desempeñar su quehacer institucional, incorporando el enfoque de género en toda las áreas.
Evaluar dónde y cómo se ejercen los recursos, desde la transparencia en la información hasta el impacto que estos recursos tengan en el incremento de la seguridad de las mujeres y las niñas.
Contemplar las características pluriétnicas de nuestro estado es otro de los desafios, tanto en la prevención como en la atención, por los riesgos que implica para la vida de las mujeres. Es urgente hacer un balance puntual desde un enfoque de género e intercultural de los trabajos que se realizan en los municipios con mayor presencia de pueblos y comunidades indígenas, considerando la pertinencia cultural, porque los contextos son distintos y a la fecha los esfuerzos por atender la violencia en comunidades indígenas siguen siendo los mecanismos institucionales, que les requieren a las mujeres que viven en situación de violencia, salir de sus comunidades y enfrentar barreras geográficas, económicas, culturales y de discriminación por su condición de ser mujeres, indígenas y de escasos recursos económicos.
Reconocemos que la problemática es compleja, pero una asignación de recursos suficientes y oportunos, una capacitación en perspectiva de género e intercultural y una voluntad política clara, son indispensables para garantizar la libertad, la seguridad y la vida de las niñas y las mujeres de Oaxaca.