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A 30 años de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995), América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en materia de derechos de las mujeres. Sin embargo, aunque este documento establecía objetivos para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a nivel global, en la actualidad las mujeres seguimos enfrentando desafíos persistentes en la lucha contra la violencia de género y la desigualdad estructural.
Desde este momento histórico, los países de la región han adoptado marcos normativos y políticas públicas que han fortalecido los derechos de las mujeres. Gracias a la acción de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y ONU Mujeres, se han promovido legislaciones sobre la paridad de género, la tipificación del feminicidio, la protección de derechos sexuales y reproductivos, así como el acceso de las mujeres a la educación y al mercado laboral (CEPAL, 2023).
Dentro de los mayores avances están el reconocimiento a la diversidad de las mujeres y la inclusión de enfoques interseccionales que consideran la situación de mujeres indígenas, afrolatinas y rurales, quienes enfrentan desigualdades agravadas (ONU Mujeres, 2024). Por su parte, los movimientos feministas y las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel clave en la exigencia de derechos y en la visibilización de problemáticas como la violencia de género y el acceso a la justicia.
Contexto en México: Avances y desafíos
En México, la transformación hacia una sociedad más equitativa ha dado lugar a avances significativos, como la elección de la primera presidenta mujer, que simboliza un cambio en la percepción y en la implementación de políticas con perspectiva de género. No obstante, el país enfrenta desafíos importantes: la crisis del feminicidio y la violencia de género continúan siendo problemáticas alarmantes, evidenciando deficiencias en el acceso a la justicia y en el sistema de protección. Asimismo, México se ve afectado por una serie de fenómenos sociales como el narcotráfico, la prostitución y la trata de personas, que agravan la vulnerabilidad de las mujeres, sobre todo en contextos marcados por la pobreza y la marginación.
Este escenario demanda una respuesta integral y coordinada tanto de las autoridades como de la sociedad civil, con el fin de avanzar hacia una protección efectiva de los derechos humanos de las mujeres.
En este contexto, Oaxaca enfrenta desafíos particulares al ser el tercer estado con mayor pobreza y marginación, así como uno de los estados con mayor presencia indígena, por lo que las organizaciones de la sociedad civil han desempeñado un papel crucial en la promoción de los derechos de las mujeres en el estado. Desde su fundación, el Grupo de estudios sobre la mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) ha trabajado por el empoderamiento de mujeres indígenas, afromexicanas, mestizas, urbanas y rurales, contribuyendo a la lucha por la igualdad y el acceso a derechos.
El GESMujer trabaja con mujeres que viven situaciones de vulnerabilidad, ofreciendo capacitaciones que les permiten acceder a la justicia y fortalecer su autonomía. Su labor fomenta su liderazgo a través de talleres y la creación de redes de apoyo, lo que facilita que más mujeres participen activamente en la toma de decisiones en sus comunidades. Además, reconociendo la importancia del autocuidado en un entorno lleno de presiones y desafíos, han desarrollado iniciativas que promueven el autocuidado y el cuidado colectivo.
Por otro lado, el impulso a modelos económicos basados en el cooperativismo y el acceso equitativo a recursos ha sido otro de los pilares de su acción, promoviendo una economía solidaria que responde a las necesidades y potencialidades de las mujeres, ofreciendo soluciones integrales que combaten la violencia mientras fortalecen el tejido social y empoderan a las mujeres para que sean protagonistas de su propio destino.
Aunque las acciones de la sociedad civil abonan a la erradicación de las violencias contra la mujer, las alarmantes cifras de feminicidios que maneja el estado y que el GESMujer registra a través de su monitoreo hemerográfico, evidencian que el sistema de justicia enfrenta graves deficiencias, y que la impunidad sigue siendo un obstáculo para garantizar la seguridad y derechos de las mujeres
Treinta años después de Beijing, la lucha por la igualdad de género en América Latina y el Caribe está lejos de haber terminado. Aunque se han logrado avances significativos, la violencia de género, la desigualdad económica y la brecha en la participación política siguen siendo realidades que requieren atención urgente. Las agendas de género globales han avanzado en reconocimiento, pero es fundamental que los Estados garanticen la implementación efectiva de las políticas de igualdad.
Desde GESMujer, seguimos comprometidas en la construcción de un mundo libre de violencia, con oportunidades reales para todas las niñas y mujeres. La Plataforma de Beijing sigue siendo un referente clave para nuestra acción, recordándonos que la igualdad de género es una lucha continua, pero también un horizonte posible y esperanzador.
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