Christian Jimenez
La localización de una fosa clandestina con los restos de al menos dos personas, una de ellas mujer, a la par de la existencia de tres casos de jóvenes desaparecidas, y una más, hallada seis días después asesinada, han puesto a San Juan Bautista Tuxtepec de nueva cuenta en el mapa de la violencia, ahora específicamente de la violencia feminicida.
Fátima, Casandra, Itzel e Isabel son los nombres de las jóvenes cuyos rostros en las fichas de búsqueda han tapizado el municipio. Aunque la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) aseguró que aún no se cuenta con una identificación sólida de ninguno de los restos, y este proceso requiere de procesos, pruebas genéticas y periciales que pueden tardar hasta 60 días, la familia de Fátima ha asegurado que uno de los cuerpos es el de la joven.
“Fátima tenía 18 años cuando fue reportada como desaparecida el pasado 2 de marzo. Hace unas horas se confirmó que uno de los cuerpos encontrados en una fosa clandestina localizada en Tuxtepec correspondía al de ella”, escribió en Twitter el colectivo feminista oaxaqueño Mujeres de la Sal hace unos días.
La presidenta del Grupo de Estudios Sobre la Mujer (GES Mujer) Rosario Castellanos apunta que de 2019 a la fecha, Tuxtepec, el municipio más grande de la región de la Cuenca del Papaloapan, registró un total de 28 muertes violentas de mujeres, ocho en lo que va del año; en toda la región se contabilizan 11.
De acuerdo con el registro de la organización, de confirmarse la identidad de los de los restos, en menos de una semana aumentarían de 16 a 20 los crímenes contra mujeres cometidos en territorio oaxaqueño durante el periodo de aislamiento, y llegarían a 27 desde marzo. En total, en lo que va de 2020, suman 50 las mujeres asesinadas en Oaxaca, pero no todos se tipifican como feminicidio.
La base de datos de la organización precisa que la Cuenca del Papaloapan, con 72 crímenes, concentra 17% de las muertes violentas de mujeres que se contabilizan de finales de 2016 a la fecha en toda la entidad y que suman 433.
Según Ayala Ortiz, las cifras son evidencia de que no se está atendiendo la violencia contra las mujeres a nivel municipal. “El estado tiene responsabilidades en cuanto a la investigación de la problemática, por eso nos preguntamos si se está investigando la desaparición de mujeres y los patrones que suceden en común entre los casos, a fin de identificar similitudes que permitan la identificación de los responsables”, apunta.
Lo anterior, dado que los cuatro casos de las jóvenes desaparecidas, incluido el caso de Isabel, cuyo cuerpo fue localizado fosa después, han ocurrido en un periodo particular de tiempo y en circunstancias parecidas.
Entorno de violencia
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Tuxtepec es el uno de los dos municipios de Oaxaca que figuran entre los más violentos del país, con una tasa de mortalidad de 55 asesinatos por cada 100 mil habitantes, el otro es Matías Romero.
Además es uno de los 40 municipios incluidos en la Alerta de Violencia Género, emitida por la Secretaría de Gobernación (Segob) a finales de agosto de 2018; sin embargo, hasta hoy las acciones para atender esta violencia, que deberían estar acompañadas por la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca (SMO), no han dado resultado, considera GES Mujer.
Consorcio para el Diálogo y la Equidad Oaxaca, otra organización feminista, coincide en el diagnóstico. Apenas en enero pasado dio a conocer que San Juan Bautista Tuxtepec y Loma Bonita concentran 70% de los feminicidios de la región.
Este jueves, familiares de las jóvenes desaparecidas, así como activistas de la región de la Cuenca, salieron a las calles pese a la contingencia para exigir justicia por ellas y por las mujeres asesinadas en los municipios de la región.
Pese a que exigieron atención de las autoridades, no fueron atendidas por el presidente municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, Fernando Bautista Dávila, quien dio a conocer en redes sociales que está en aislamiento luego de presentar un cuadro sospechoso de Covid-19.
Indagar las ausencias
Al respecto, la presidenta del GES Mujer señala que la falta de opciones de justicia obliga a las mujeres a salir a manifestarse para exigir seguridad, incluso en medio de la pandemia. “Es vital que el estado tenga respeto hacia las familias, víctimas secundarias de los feminicidios”, señala.
Sobre la identificación de los restos, que no se ha hecho de forma oficial, lamenta que las familias se enteren que sus hijas fueron halladas en una fosa, a través de una llamada telefónica, como ha dado a conocer la familia de Fátima, por lo que consideró que “debe existir una atención personalizada, acompañamiento legal y psicológico para las familias de las víctimas”, afirma.
Por ello, Ayala Ortiz considera que urgente implementar acciones preventivas que permitan evitar las desapariciones de mujeres, que en las últimas fechas van en aumento en la región de la Cuenca, por ello reiteró que hace que las autoridades deben atender de manera urgente y apropiada las denuncias de desaparición, pues es común que no se reciban argumentando que se “fueron con el novio”, situación que revictimiza a las desaparecidas y a sus familiares, y abundó que es urgente garantizar el acceso a la justicia y a la reparación del daño.
Por su parte, diputadas de la 64 Legislatura del Congreso de Oaxaca llamaron a las autoridades a aplicar las políticas y acciones que establece la Ley en Materia de Personas Desaparecidas en la entidad, tras los casos ocurridos en los últimos meses en Tuxtepec.
“El llamado es dirigido al Ejecutivo estatal, la Fiscalía General del estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y al Tribunal Superior de Justicia del estado, es para que investiguen, sancionen, reparen el daño y las violaciones a derechos humanos cometidos en contra de mujeres víctimas de desaparición”, expusieron en un comunicado.
También urgieron a que se realicen las investigaciones necesarias con perspectiva de género, enfoque interseccional y diferenciado, observando el protocolo de investigación, ministerial, pericial y policial por el delito de feminicidio.