Rafael Paz, Martes 14 de septiembre del 2021, Oaxaca Media.- Dos decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sacudido al país y marcado un precedente a favor de los Derechos Humanos de las mujeres y gestantes de México.
La primera se dio el martes 7 de septiembre, cuando Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunció que tras una votación unánime –10 votos de 11, ya que el ministro Jorge Mario Pardo se ausentó alegando causas de fuerza mayor– el pleno de la SCJN declaró inconstitucional la penalización del aborto en el estado de Coahuila (artículos 195 y 196 de su Código Penal).
La segunda se dio dos días después, cuando tras otra decisión unánime la corte señaló como inconstitucional el artículo 4 de la Constitución de Sinaloa, que protegía la vida desde la concepción y de facto penalizaba la práctica del aborto.
En ambas determinaciones, los ministros de la corte señalaron que las legislaturas locales están imposibilitadas para legislar y afectar derechos que garantiza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que éstos deben estar por encima de cualquier división de la opinión pública.
Un triunfo de la lucha feminista
“No sólo es un triunfo que emana de la Suprema Corte de Justicia, sino además un triunfo de todos los movimientos feministas de Coahuila y el país”, consideró Daniela Villegas, académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG), y recordó que es una lucha peleada por varias generaciones de mujeres que todavía no termina.
“Si bien no se hacía al cien por ciento, porque no querían comprometerse del todo en años anteriores, desde 1999 hasta 2021 la Suprema Corte ha fallado en favor de las mujeres en diferentes momentos. Es un largo camino que inició en 1999, siguió en 2007 con la despenalización en Ciudad de México, luego Oaxaca en 2019 y para el 2021 se sumaron Hidalgo y Veracruz.”
No sólo es el tema del aborto, sino de la justicia reproductiva, que incluye el embarazo adolescente, la penalización del aborto, la violencia obstétrica, la muerte materna y la falta de seguridad social en temas de salud y acceso a las mujeres. “La decisión de la Suprema Corte va en consonancia con lo que han venido haciendo y como parte de la justicia reproductiva de manera global”, añadió la especialista.
Comparte este punto de vista María de Jesús Medina, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) especializada en bioética, quien afirmó que la determinación marca un precedente importante y obligatorio para las legislaciones locales, pero no dictamina por ahora una legalización de la interrupción del embarazo nacionalmente.
“Es importante aclarar que se deberá regular a futuro. Lo sucedido en la Corte sólo despenaliza, se exceptúa de sanción penal a la mujer que decida terminar un embarazo por diversas causas. Es un primer paso el invalidar las normas que obstaculizan la interrupción segura y gratuita de un embarazo”, apuntó, y agregó que será necesario “informar a toda la sociedad de Coahuila y Sinaloa para procurar que se respete y aplique la sentencia, que no haya persecución de un delito del cual ya no hay una sanción penal”.
Ambas investigadoras subrayaron la importancia del pronunciamiento de la SCJN que pone un alto a iniciativas promovidas en legislaturas locales que por motivos religiosos o morales habían impuesto sanciones severas, muchas de ellas desproporcionadas, a las mujeres que decidían interrumpir un embarazo durante las primeras doce semanas de gestación.
“Es una lucha porque este tipo de derechos no se pongan a consulta, son derechos en sí mismos”, comentó Villegas. “Generalmente se les acusa de ignorantes, malas o egoístas por no querer tener al bebé, porque las ‘buenas mujeres’ sí lo tienen y aunque no se lo queden lo dan en adopción. Son simplificaciones que van contra los derechos humanos, esto no sucede en otros casos, ¿por qué en estos sí? Los ministros decidieron en este particular momento dejar las ideologías y estar en contra de la estigmatización.”
Medina consideró que “es importante difundir que toda mujer obstaculizada en su derecho a interrumpir un embarazo por normativas de su estado podrá recurrir a la vía del amparo para proteger su derecho y autonomía reproductiva. Cualquier código penal de nuestro país que atente contra estos derechos será invalidado puesto que es norma inconstitucional de acuerdo con la jurisprudencia obligatoria que se decidió el 7 de septiembre de 2021. El ministro Zaldívar señaló en dos ocasiones que no es posible que un derecho humano se convierta en un delito al momento de su ejercicio, es contraintuitivo”.
Inclusión de las personas gestantes
“Hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y de todas las personas gestantes, sobre todo de las más vulnerables”, expresó el ministro Arturo Zaldívar como parte de su discurso tras el fallo de la SCJN el 7 de septiembre.
La inclusión del término “personas gestantes” en la resolución marca de igual manera, observaron las especialistas, un precedente en la lucha por el reconocimiento de la diversidad sexual.
“Biológicamente, las mujeres poseemos un útero y tenemos la capacidad reproductiva, sin embargo hoy día hay un reconocimiento de inclusión en nuestra Constitución sobre los derechos de la diversidad de identidad de género”, recordó la investigadora del IIJ. “Es un avance, porque muchas personas se pueden identificar como cisgénero u otro género con capacidad de gestar”.
Primeros resultados
La decisión de la SCJN, señaló la autora del cuadernillo Inicio de la vida y aborto. Enseñanza transversal en bioética y bioderecho, difundido por el IIJ, beneficiará a miles de mujeres que se encuentran actualmente en prisión por ejercer su autonomía reproductiva.
“Toda la resolución se aplica de manera retroactiva en favor de las personas, es un principio constitucional establecido que dicta que se debe aplicar la norma menos restrictiva para los derechos humanos. Se debe apoyar a las personas injustamente encarceladas por un delito que no es punible”, añadió Medina.
Una señal favorable a futuro se dio con el anuncio del gobierno de Coahuila, encabezado por Miguel Riquelme, que aseguró próximamente serán liberadas las mujeres que purgan una condena por haber interrumpido de manera voluntaria su embarazo.
“El gobierno del estado de Coahuila acatará esta resolución… Si hubiese alguna mujer privada de su libertad por el delito de aborto, deberá ser puesta en libertad inmediatamente… El Ejecutivo estatal reitera su compromiso para fortalecer el respeto de los derechos humanos y las libertades, y continuará impulsando políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, así como del respeto a la vida”, recalcó la administración coahuilense en un comunicado.
Villegas razonó que este avance debe continuar acompañado por instituciones y organizaciones de la sociedad civil, porque muchas mujeres y personas gestantes se encuentran en situaciones sociales y económicas desfavorables, sin los recursos necesarios para promover un amparo.
“Pienso en el caso del Fondo María, una organización que recolecta dinero para apoyar a mujeres en su trayecto de otros estados a Ciudad de México a practicarse un aborto. Organizaciones de este tipo empezarán a ver cómo recaudar fondos para apoyar a las mujeres con menos recursos.”
Las más afectadas siempre son las pobres, el país está en una situación de convulsión permanente a nivel político y económico, la pandemia lo ha agudizado. “Sabemos que el número de embarazos infantiles y adolescentes aumentaron en el último año, eso nos habla de violencia sexual”, argumentó la autora de la tesis ¡VIVAS NOS QUEREMOS! Feminist Activism in Hip-Hop Culture in México: Batallones Femeninos and Mare Advertencia Lirika.
¿Una SCJN de izquierda?
El sector más conservador de la sociedad mexicana acusó a la SCJN de haber virado a la izquierda política y tomar sus determinaciones con un sesgo ideológico más que legal. Sin embargo, explicó la académica del CIEG, estas acusaciones carecen de sustento porque las sentencias de la Corte “se han posicionado por los derechos humanos y, en este particular caso, de las mujeres y los cuerpos gestantes. Está buscando ser coherente con decisiones anteriores”.
Es una congruencia que se extiende a otras determinaciones de la Suprema Corte, recalcó la doctora en Género y Estudios Culturales por la Universidad de Sídney, como la adopción en el Poder Judicial de permisos de paternidad pagados por tres meses. La medida, comentó Arturo Zaldívar tras el anuncio, busca combatir el estigma de que sólo las mujeres deben cuidar y ser responsables del desarrollo familiar.
Por su parte, María de Jesús Medina sentenció: “Este es un hito en la realización de nuestros derechos desde una perspectiva de género. Es un precedente judicial importante, no sólo para nosotros, sino para el mundo. Tenemos una división de poderes, pero todos están obligados a proteger de manera progresiva nuestros derechos humanos. Esperamos que sean capaces de cumplir con su obligación para evitar una judicialización. Este es sólo el inicio”.
