COMUNICADOSportada
Miércoles 29 de Septiembre de 2021
El indignante caso de Fanny, adolescente de 16 años, indígena mixe víctima de feminicidio en San Juan Cotzocón y madre de una bebé de seis meses, evidencia la suma de negligencias, omisiones y vulnerabilidades que como consecuencia derivan en a falta de resultados ante la violencia feminicida que en Oaxaca cobró la vida de 561 niñas y mujeres en casi cinco años de la administración del gobernador Alejandro Murat.
La presidenta del Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos, Angélica Ayala Ortiz, denunció que en reiteradas ocasiones las organizaciones feministas han denunciado las barreras que enfrentan las mujeres cuando denuncian violencias.
Fanny, a sus 16 años, tuvo el valor de denunciar ante las instancias de justicia, por lo cual se abrió la carpeta de investigación 23472/FIST/CODDI/Matías/202 y confío en que sería protegida. Fanny, como infinidad de mujeres, enfrentó la falta de atención a pesar de la gravedad de su denuncia; señaló amenazas de muerte por parte del agente municipal de El Porvenir, Isaac H. G., pero las autoridades no actuaron para proteger su vida.
Al dar seguimiento a las acciones procedentes tras denunciar violencias, nuestra organización ha detectado mensajes “presuntamente” de la unidad de género “invitando” a las mujeres que decidieron abandonar a su agresor a que regresen al hogar y darle otra oportunidad a su pareja violenta, manipulándolas con expresiones como “piense en sus peques” (hijas e hijos), una acción que las coloca en mayor riesgo de violencia.
En otros casos, identificar qué acciones acompañan la emisión de órdenes de protección y medidas cautelares, se vuelve un verdadero reto. Saber quién o quienes actuarán para proteger a las víctimas implica infinidad de llamadas telefónicas a instancias especializadas que solicitan datos, fechas y nombres de personas para poder “ubicar” a quien le corresponde dar seguimiento.
En ese trámite las mujeres en situación de riesgo, se quedan a la espera de una comunicación o de una acción que, por pequeña que sea, les brinde seguridad.
“Hemos exigido una y otra vez qué en las instancias, incluyendo las especializadas en atención a la violencia, identifiquen los niveles de riesgo feminicida y se actúe de inmediato”, recalcó Ayala Ortiz.
Consideró que el caso de Fany ejemplifica la negligencia de quien recibió la denuncia, de quien supervisa los casos de riesgo de violencia feminicida y de quien tenía a su cargo la ejecución de las medidas cautelares, lo que finalmente tuvo como resultado un feminicidio.
¿Cuántas víctimas más de feminicidio dieron la voz de alarma ante las instancias de justicia, sin recibir atención?, se preguntó la presidenta del Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos.
Dos fiscales en la presente administración del gobernador Alejandro Murat, Rubén Vasconcelos y Arturo Peimbert con discursos triunfalistas, datos estadísticos que minimizan la violencia feminicida en sus reportes ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sin reconocer que el feminicidio sigue siendo una cruel realidad en Oaxaca.
Los cambios culturales requieren acciones de sensibilización con autoridades municipales. Durante esta administración gubernamental se han abierto Instancias Municipales de la Mujer, Centros de Desarrollo de la Mujer, pero lamentablemente sus condiciones son muy limitadas, por lo que requieren ser acompañadas por una Secretaría de las Mujeres con capacidad de incidir con acciones de prevención, atención y sanción de la violencia.
Es urgente que se lleve a cabo una evaluación de las condiciones en que operan éstas instancias y que la titular de esa Secretaría, Ana Vásquez Colmenares, rinda un informe detallado sobre las problemáticas que enfrentan y cómo las han solucionado o no.
Fany fue llamada por la autoridad municipal a petición de su pareja Alexis N., para que hablaran con ella y se “portara bien”, pero lo que recibió fueron amenazas y golpes. Al final fue víctima de feminicidio.
¿Cuántas mujeres indígenas han sido víctimas de la violencia institucional?, ¿cuántas de ellas lo único que reciben por parte de las autoridades estatales, municipales o locales fue la confirmación de que su deber es obedecer y callar ante la violencia?
No hay que perder de vista que la unión de una adolescente con un hombre casi diez años mayor que ella es una conducta ampliamente normalizada que se tipifica como el delito que equipara a la violación y se sanciona de 14 a 20 años de prisión para quien, usando la seducción y el engaño, aún con el “consentimiento” de la menor, sostenga relaciones sexuales con una persona mayor de 12 años y menor de 18. Fanny fue una madre adolescente.
En un caso reciente acompañado por este Grupo de estudios exigimos a las autoridades que actuaran en un caso similar, sin embargo la Ministerio Público argumento que al rescatar a la víctima adolescente y a su bebé que estaban con el agresor, no había más delito que castigar.
En ese caso, si la familia deseaba que se sancionara al agresor debían interponer otra denuncia y enfrentarse de nuevo al burocratismo.
¿Cuántos casos como éstos, que no sancionan a los agresores, colocan en el mismo riesgo a otras niñas y adolescentes de ser víctimas del delito de violación equiparada?
En Oaxaca, el matrimonio infantil está prohibido desde 2013, pero, de acuerdo con cifras del INEGI, cuatro de cada 10 matrimonios involucran a menores de edad. Fany refleja la normalización de las uniones tempranas y del embarazo adolescente.
Además, la posición de desventaja coloca a las adolescentes en riesgo de sufrir violencias. Fanny era víctima de violencia por parte de su pareja y los abusos eran socialmente conocidos en su entorno, lo que confirma la normalización de las uniones tempranas y de las violencias, pero sobre todo de la falta de prevención, atención y sanción ante las violaciones a sus derechos humanos que dan como consecuencia la más grave de todas: el feminicidio.
Ante la presión de las organizaciones feministas hoy el fiscal General del Estado de Oaxaca, Arturo Peimbert, declara que el caso de Fanny se investigará bajo el protocolo de feminicidio, sin embargo, es urgente mantener el caso en la mirada pública, pues siempre existe el riesgo de que sea reclasificado como homicidio doloso, una práctica común permanentemente denunciada.
A Fanny le arrebataron su derecho a una vida libre de violencias, a estudiar, a crecer y a tener oportunidades de desarrollo; fue víctima de feminicidio y ahora su familia tendrá que recorrer el largo camino para demandar justicia.
Como Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos nos sumamos a todas las organizaciones y colectivas feministas en la exigencia de justicia para Fany, para las 561 niñas y mujeres que como ella, han sido víctimas de una violencia feminicida que nos indigna y nos hace mantener la exigencia de cambios profundos en la prevención, atención y sanción a la violencia que enfrentan las niñas y mujeres oaxaqueñas.
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