Francisco Ramírez, Viernes 7 de enero del 2021, Diálogos Oaxaca.- La creciente crisis de violencia en la entidad, agravada por la inercia económica y social provocada por la pandemia COVID-19 ha tenido un impacto directo en la violencia contra las mujeres, la cual se incrementó de manera alarmante en el ámbito privado durante el confinamiento obligatorio, se estima que al menos 20% del total de feminicidios se han realizado en el hogar.
Así lo expone la diputada Lizett Arroyo Rodríguez, integrante de la Fracción Parlamentaria del Partido MORENA de la LXV Legislatura local, quien presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 411 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
En su exposición de motivos señala que, en Oaxaca, una mujer es asesinada cada dos días, y de acuerdo a las cifras del Grupo de Estudios sobre la mujer Rosario Castellanos (GESMujer), la violencia feminicida ha llegado a 578 mujeres y niñas asesinadas de manera violenta durante el periodo del uno de diciembre de dos mil dieciséis al uno de diciembre de dos mil veintiuno.
En este contexto expone que las organizaciones civiles enfocadas a la protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres de Oaxaca, han denunciado negligencia, omisiones y discriminación en una política pública estatal que prevenga, sancione y atienda la violencia en razón de género contra las mujeres de Oaxaca, y que ponga un especial énfasis en la administración y procuración de justicia en los casos de feminicidio.
Asimismo refiere que numerosas investigaciones señalan que el feminicidio no es un hecho aislado, en la mayoría de los casos es el resultado de una serie de actos violentos sexistas, misóginos, racistas, discriminatorios que de manera sistemática se han ejercido en contra de la víctima, estos informes de la sociedad civil, también evidencian la omisión por parte del Estado, de promover la igualdad de jure entre mujeres y hombres, mediante la aplicación efectiva del marco jurídico que sanciona las conductas discriminatorias en contra de las mujeres y de políticas públicas integrales que garanticen sus derechos.
Atendiendo a esta situación, la Cámara de Diputados en coordinación con la Fiscalía General de la República plantearon la constitución del “Grupo de Trabajo para el análisis del delito de feminicidio”, el cual se instaló el 21 de febrero del 2020, asumiendo el compromiso de plantear una propuesta de tipo penal homologado que sea aplicable en todos los estados de la República, en respuesta a la complejidad que implicaba un adecuada calificación de los hechos al tener 32 tipos penales autónomos tan diversos, comentó Arroyo Rodríguez.
Esta homologación, dijo, tiene por objetivo contar con los elementos mínimos necesarios para conducir una investigación con perspectiva de género, atendiendo al principio de debida diligencia, ejecutando en tiempo razonable todas las acciones necesarias para la determinación de la verdad y los hechos, identificando las responsabilidades correspondientes y derivando en la judicialización del evento, que garantice el acceso a la justicia y reparación de las víctimas directas e indirectas de feminicidio.
“Si bien, el tipo penal del feminicidio en el Código Penal del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, es uno de los más completos del país, aún se puede considerar la inclusión de elementos adicionales que tengan por objetivo fortalecer y ampliar los supuestos previstos en el tipo penal”, recalcó.
De la misma manera, puntualizó que el interés de esta reforma es que todas las muertes violentas de una mujer, incluidas aquellas que en principio parecieran haber sido causadas por motivos criminales, suicidio y algunos accidentes, deben investigarse como probable feminicidio. Cuando no se acredite el feminicidio se aplicarán las reglas del homicidio.
Fuente: https://dialogosoaxaca.com/muertes-violentas-de-mujeres-deben-investigarse-como-probable-feminicidio-liz-arroyo/
