Yadira Sosa, Jueves 4 de Junio de 2020, El Imparcial.- Luego de que el Tribunal electoral federal reconociera la violencia política por razón de género contra la regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables del ayuntamiento de Santa Lucía…
Luego de que el Tribunal electoral federal reconociera la violencia política por razón de género contra la regidora de Equidad de Género y Grupos Vulnerables del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Nallely Ortiz Jiménez, organizaciones civiles y feministas confiaron que las autoridades locales respeten y hagan cumplir la determinación en efectuar medidas de reparación integral.
La regidora había denunciado amenazas, hostigamiento e intimidación por parte del presidente municipal, Dante Montaño Montero, luego de que le exigiera cumplir en tiempo y forma con la realización de las sesiones de Cabildo, como lo marca la Ley Orgánica Municipal, y al inconformarse por impedirle la revisión del Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2020 y la discusión con el cabildo, a finales del año pasado.
Ante esta situación, integrantes del Grupo de estudios sobre la mujer Rosario Castellanos (GESMujer), se unieron a la exigencia de la reparación integral por violencia política por razón de género.
“Esto es una problemática grave que evidencia los retos que representa el ejercicio del derecho de las mujeres a participar en el ámbito público, en un contexto misógino que utiliza las mismas estructuras de poder municipal y estatal para negar un derecho legítimo”.
Reconocieron los esfuerzos de Nallely Ortiz por defender sus derechos y con ello sentar precedente ante acciones que, desafortunadamente, forman parte de una realidad que enfrentan muchas mujeres que hoy, gracias al movimiento feminista, están incursionando en la vida pública.
Se ha declarado la existencia de violencia política en razón de género y se ordena al Ayuntamiento efectuar medidas de reparación integral. “Nos mantendremos vigilantes de que se cumplan dichas medidas, pues las autoridades municipales y estatales tienen frente a sí la oportunidad de resarcir sus errores y con ello mandar un mensaje claro para todas las mujeres que tienen derecho a la participación política, libres de todas las formas de violencia”.
De la misma manera, demandaron certeza jurídica en la aplicación de la Ley y exigieron medidas de seguridad y protección para Nallely Ortiz y su familia ante cualquier acto de intimidación en su contra.
