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Durante el 2021, el Monitoreo de violencia feminicida de GESMujer concluyó con un registro de 87
casos de niñas y mujeres asesinadas de manera violenta, fue el primer año del FGEO Arturo
Peimbert, para su segundo año, antes de concluir el 2022 se han registrado 142 casos más, lo que
significa un incremento anual del 61%.
Con estas cifras indignantes y dolorosas, Arturo Peimbert decide renunciar a su cargo, renuncia que
ha sido demandada por familias de las víctimas de feminicidio, sobrevivientes de tentativa de
feminicidio, por mujeres que han enfrentado múltiples formas de violencias y que han sido
revictimizadas en las instancias de procuración de justicia, demanda a la que nos sumamos las
colectivas y organizaciones feministas pues conocemos de la problemática que obstaculiza el acceso
a la justicia para las mujeres.
Arturo Peimbert renuncia, sin explicar los motivos, pero afirmando que no obedece a ningún tipo
de presión política, lo cual puede valorarse como una decisión positiva, pues los resultados
evidentemente muestran que reconoce que no hubo capacidad para atender la violencia por razón
de género, para realizar procesos de investigación de asesinatos violentos bajo el protocolo de
feminicidio, ni una adecuada integración de las carpetas de investigación de los diferentes casos de
violencias para evitar la impunidad.
Sin embargo, una renuncia a menos de un mes de iniciada la actual administración de Salomón Jara,
cuando aún le quedaban cinco años como Fiscal, puede interpretarse como una tendencia a repetir
lo que hemos cuestionado permanentemente, que cada Fiscal es designado a modo del gobernador
en turno, para hacer un manejo político de la procuración de justicia, incluyendo la minimización de
los datos de la violencia feminicida, lo cual sería muy grave ante una problemática que urge de
cambios de fondo para salvaguardar la integridad, la libertad y la vida de las niñas y mujeres
oaxaqueñas.
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